La provincia ya cuenta con una ley de protección y defensa para los profesionales de la educación que hayan sido víctimas de situaciones violentas dentro del ámbito educativo. Esto significa que el Estado dará herramientas, asistencia y acompañamiento a los docentes que sufran hechos concretos de violencia dentro de las escuelas. Recordemos que en agosto de 2017 el Gobierno provincial presentó en la Legislatura un proyecto de ley que reconoce al docente como sujeto de protección donde se pone en primer plano la obligación que tiene el docente y el equipo directivo de denunciar todos los hechos de abuso y maltrato y hacer las denuncias pertinentes. En aquella oportunidad, el propio ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, y el director general de Escuelas, Jaime Correas, presentaron ante la Cámara de Senadores de la provincia el proyecto de ley que reconoce al docente como sujeto de protección. Durante la presentación, Correas había señalado que “frente a los hechos concretos de violencia, debemos dar herramientas que acompañen a los docentes y que les proporcione la seguridad y la asistencia de estos casos”. Con esta nueva ley, los docentes que sufren algún tipo de violencia deberán denunciar ante el asesor de menores incapaces y es el defensor el que va a tener la obligación de que hacer la denuncia a la fiscalía. De esta manera, el profesional de la educación quedará más protegido, ya que muchas veces viven en las mismas zonas de sus agresores. Con esta ley, ni el docente agredido ni el equipo directivo tendrán que trasladarse hasta la comisaría. En los presuntos casos de abuso o maltrato infantil, el docente será acompañado por estos equipos para enfrentar con las herramientas necesarias los episodios de violencia de los cuales pudo haber sido víctima. Además, la DOAITE (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares) continuará brindando asistencia en abordaje de estas situaciones. También en esta ley, con la modificación del artículo 43 del Código de Faltas, se endurecieron las sanciones económicas elevando las multas a $ 3.000 y hasta 30 días de arresto, triplicando las sanciones que antes existían.